Los políticos y sus sueldos

El alcalde Pi i Sunyer fue el encargado de poner en práctica en Barcelona la Ley Electoral Catalana (1934)
El alcalde Pi i Sunyer fue el encargado de poner en práctica en Barcelona la Ley Electoral Catalana (1934)

Hace pocos días, el Parlamento catalán rechazó una propuesta punzante e inteligente planteada por el grupo Solidaritat per la Independència. Ni el fondo ni el momento del asunto son baladí. El partido independentista proponía rebajar el sueldo en un 20% a los cargos de libre designación vinculados a la Generalitat. En algún momento, López Tena había deslizado la idea de reducir el mismo porcentaje del sueldo de los diputados. No es una cuestión frívola, aunque la propuesta pueda ser oportunista. En los magmas de la sociedad española hay marea de fondo contra los políticos, y mi propio partido, el Partido Popular, está adelgazando contundentemente la administración y los cargos de confianza en las comunidades en las que gobierna. También el gobierno catalán ha llevado a cabo un plan de ajuste presupuestario que afecta al grosor de la constelación administrativa entorno a la Generalitat. El cinturonazo ha sido importante. No tenía sentido, pues, seguir cargando las tintas contra las personas que han sido elegidas para dirigir la res pública.

Estas consideraciones me llevan a plantearme algo más a fondo la cuestión del sueldo de los políticos. Como en otras ocasiones, me gustaría apelar a la historia para desvanecer algunos equívocos. Durante muchos decenios, los políticos no cobraron en nuestro país. Pienso por ejemplo en los ediles del ayuntamiento de Barcelona. Hasta 1934 no vieron retribuida su labor pública con un salario fijo. Fue uno de los avances que conllevó la Ley Electoral Municipal Catalana gestada a lo largo de 1933 y pilotada por Esquerra Republicana. Se trató, sin duda, de una buena ley, que racionalizó y profesionalizó la política municipal. A principios de 1934 -un año que se inició y concluyó movido-, el Ayuntamiento de Barcelona acordó pagar 12.000 pesetas anuales a sus ediles. La explicación es fácil. La justificación, sencilla. Si el cargo de edil no se veía remunerado, sólo podían participar en la brega política personajes acaudalados. Los líderes políticos de estratos sociales inferiores, no podían dedicarse de lleno a la política, porque tenían que ganarse el pan trabajando en otros sitios. El sueldo de los políticos fue, pues, una medida eminentemente progresista, encaminada a facilitar la participación política de todos los sectores sociales y a espantar el monopolio de las élites.

Los motivos que impulsaron la retribución de los políticos son vigentes hoy día. Si los políticos no cobrasen, ¿no quedarían los asuntos públicos en manos de los potentados? Si los políticos no recibiesen un buen sueldo, ¿qué persona talentosa estaría dispuesta a renunciar a una carrera profesional prometedora para sumergirse en un erial económico? Debemos ser, por tanto, realistas y objetivos. La actividad política debe estar bien remunerada, a fin de que personas de talento y capacidad profesional se vean también atraídos por ella. En pocas palabras, la administración pública debe soltar lastre y deshacerse de los excesos de personal y de las rémoras burocráticas. La política no puede ser un pesebre para amigos y saludados. Debemos reducir los cargos públicos. Pero para aquellos que permanezcan en la estructura del servicio público, hay que garantizar un buen sueldo. Es la mejor manera de espantar las tentaciones de corrupción y de atraer, al campo político, a las personas más preparadas.

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