El mercado inmobiliario se enfrenta actualmente a un escenario de intervención sin precedentes que parece basarse en una máxima inquietante: la idea de que un ciudadano no debería poseer más que la vivienda en la que reside. Esta visión, que busca transformar estructuralmente el derecho a la propiedad, se ha convertido en el eje de la política legislativa actual, planteando un desafío directo a la libertad de mercado.
Esta hoja de ruta está liderada por los Comuns, una formación que ha desplazado su centro de ataque: si antes el objetivo eran los denominados «fondos buitre», ahora la lucha se dirige contra el ciudadano medio que posee más de una propiedad. Aunque legalmente no es posible prohibir la propiedad múltiple, las declaraciones de sus líderes, como Jéssica Albiach, dejan claro que su voluntad es regular el destino de cada inmueble para que cualquier vivienda que no sea la habitual esté sujeta a precios y condiciones fijados por ley. Es, en la práctica, un intento de proscribir el lucro legítimo en el sector residencial.
La inquietud en el sector profesional es absoluta y las voces de alarma son contundentes:
- Carles Sala (APCE): Advierte que estas medidas van directamente «contra la regeneración urbana», ya que la obligación de alquilar a precios asequibles tras rehabilitar edificios obsoletos hace que, sencillamente, «no salgan los números».
- Óscar Gorgues (Cambra de la Propietat Urbana): Denuncia que Barcelona y Cataluña se están convirtiendo en un «laboratorio de experimentación ideológica» que aboca a la ciudad al retroceso económico y a una inevitable fuga de actividad hacia capitales con mayor seguridad jurídica.
- Montserrat Junyent (COAPI/API): Señala el grave error de equiparar al inversor que aporta valor y calidad al parque de viviendas mediante la reforma con el especulador financiero, una distinción que la nueva normativa ignora peligrosamente.
La experiencia histórica y los ejemplos recientes en otras capitales internacionales demuestran que el intervencionismo absoluto no da resultados positivos. Intentar regular hasta el último detalle los precios de compra y alquiler no solo es ineficiente, sino que provoca la retracción inmediata de la oferta.
No se puede legislar a golpe de ideología ignorando las reglas básicas de la economía. Cuando no se respeta el funcionamiento de los mercados, estos funcionan mal y terminan perjudicando a los ciudadanos que se pretende ayudar al reducir las opciones disponibles. La solución real a la escasez de vivienda pasa por incentivar la construcción y agilizar el urbanismo, no por asfixiar al sector privado hasta obligarlo a marcharse.
