El largo brazo de la austeridad y las reformas vuelve a señalar a los municipios, la administración más cercana al ciudadano, y a la que el Gobierno central ya metió en cintura hace unos meses con el control del gasto. Ahora los ajustes en el ámbito municipal, recogidos en la reforma de la ley de bases del régimen local que el Consejo de Ministros aprobó el viernes, se orientan en una doble dirección territorial y electoral y tienen como elementos destacados la limitación de las competencias de los ayuntamientos, la eliminación de organismos intermedios como las mancomunidades y la reducción de un tercio de los concejales (en el 2015). El Gobierno espera ahorrar 3.500 millones de euros con estas medidas y, por el momento, no tocará la estructura territorial, a pesar de que considera que tan atomizada -hay 8.116 ayuntamientos, de los cuales el 85% tiene menos de 5.000 habitantes- no es eficiente. Sin embargo, reducir municipios -por la vía de eliminar o agrupar- es una decisión política de gran magnitud que puede despertar resistencias, como ha ocurrido en otros países europeos que en las últimas décadas han llevado a la práctica esta medida, incentivándola o forzándola sin contemplaciones, con el objetivo de ganar eficiencia en la gestión y ahorrar presupuesto.
Los pioneros en ejecutar reformas territoriales de calado, en la década de los setenta del siglo pasado, fueron los países nórdicos y del centro de Europa, que encabezados por Suecia llevaron a cabo una drástica reducción de sus municipios. En el sur, la dinámica ha sido otra y los países que han optado por esta medida lo han hecho en general obligados, en cumplimiento de una de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea -la troika- para el rescate de sus economías.
GRECIA Y PORTUGAL
Menos municipios y menos
cargos públicos locales
En mayo del 2010, el Gobierno griego se vio obligado, en el marco del plan de rescate de su economía, a reformar su administración y suprimir dos tercios de los ayuntamientos para recortar el gasto público. La dura reestructuración, que se fijó por ley, estableció que no podía haber ningún municipio de menos de 25.000 habitantes en la zona metropolitana de Atenas ni de menos de 10.000 en el resto del país, excepto las zonas montañosas, en las que el límite se fijó en 2.000, y en las islas. El plan Calícatres reformó la división administrativa y supuso fusiones voluntarias o forzadas, para ahorrar 1.185 millones anuales. Además, para aligerar la administración, se aprobó un severo recorte de personal que reducía a la mitad los 50.000 cargos políticos municipales.
En Portugal, también obligado por Bruselas, el gobierno de Passos Coelho puso en marcha en febrero una simplificación del mapa administrativo que prevé, en una primera fase, la reducción de 1.500 de sus 4.259 freguesias o parroquias, la unidad administrativa más pequeña, de origen religioso y medieval, que cuenta con un presupuesto, presidente y vocales elegidos por sus residentes, y gestiona servicios. La supresión de casi un tercio de las parroquias conllevará la de buena parte de sus 13.283 ediles. El Gobierno portugués pretende que la medida favorezca a la vez la fusión voluntaria de ayuntamientos, el ente superior, de los que hay 308.
Para promover las fusiones de mutuo acuerdo, también de las parroquias, el Gobierno les aumentará en un 15 por ciento los fondos que reciben del Estado y los créditos.
ESCANDINAVIA
Pioneros en la reducción
del número de municipios
Suecia marcó, en los años 50, la pauta de las grandes reformas municipales que se produjeron en la Europa nórdica y central dos décadas después. El objetivo era reducir el número de municipios rurales y después de años de preparativos llevó a cabo, en 1952, una drástica reducción: de 2.281 se pasó a 816. Las ciudades, por entonces 133, no se vieron afectadas. Pero unos años después, una nueva ordenación, más radical, creó municipios mayores que integraron áreas urbanas y rurales. La reforma tuvo en un primer momento carácter voluntario, pero dejó de serlo a finales de los años 60, para acelerarla. La mayoría de estos kommun se consolidaron, pero hubo casos en los que el antagonismo dio lugar a fracturas. En la actualidad, la creación de nuevos municipios debe ser avalada por el Gobierno y se recomienda que tengan al menos 5.000 habitantes.
En 1970, Dinamarca llevó a cabo una reforma de la administración local que supuso una tajante reducción de las cerca de 1.300 parroquias municipales y 87 municipios urbanos, que quedaron en 275 municipios, todos a partir de 1.000 habitantes. En el 2007, hubo otra tanda de fusiones. Hoy, la mayoría tienen al menos 20.000 habitantes para darles sostenibilidad financiera.
En Noruega, la última reforma importante de la estructura territorial se llevó a cabo en los años sesenta, para incrementar el tamaño de los municipios, kommuner, y reducir su número, a través de una serie de fusiones forzadas que se llevaron a cabo en diez años y que dejaron en 443 los iniciales 744 municipios. La reducción no fue tan radical como en otros procesos llevados a cabo en el mismo periodo en Dinamarca o en Suecia, pero el proceso de fusiones fue muy controvertido y encontró el rechazo frontal en muchos municipios, aunque pocos consiguieron frenarlo. A partir de 1977 el número de kommuner osciló ligeramente, pero el criterio se mantuvo.
Antoni Bosch Carrera. Notario de Barcelona y profesor universitario.