La libertad de protestar tiene un límite, como también lo tiene el derecho a reprimir.
Estos días se han producido una serie de sucesos que requieren un análisis desapasionado y que tienen un punto de encuentro común.
Por una parte hemos sido testigos de la actuación de los Mossos en el desalojo y disolución de las manifestaciones anti Bolonia de estudiantes y asimilados; es evidente que la función de la fuerza pública es mantener el orden y hacer cumplir las leyes, situación que puede llevar a tener que aplicar la fuerza; no todos los manifestantes respetan las normas que condicionan el uso del derecho de manifestación, pero es obligación de esas mismas fuerzas del orden hacer uso de la fuerza de forma ajustada y siempre intentar actuar de una manera disuasoria previa, lo substancial pues de este asunto no está en la actuación de los Mossos, está en quien dio ordenes inconexas y contrarias convirtiendo la actuación de estos en incongruente y anárquica.
En otra línea existen grupos organizados de estética radical que se dedican a ocupar bienes inmuebles privados y públicos.
En un régimen democrático nadie está por encima de la ley y las actuaciones de ocupación son actos ilegales; las administraciones tendrían que actuar con diligencia frente a esas ocupaciones, como durante bastantes años eso no ha sucedido cuando se intenta volver a la legalidad se producen reacciones antidemocráticas por estos grupos organizados. Fruto de la política de tolerancia con esa situación se ha acabado generando un problema mayor del que hubiera existido con una actuación diligente, porque la dejación de las obligaciones siempre acaba empeorando las situaciones irregulares.
Quizás lo que sucede es que en su momento esos grupos hicieron buenos servicios a los políticos de izquierda en Cataluña y ahora se sienten traicionados por ellos.
Antoni Bosch Carrera. Notario de Barcelona y profesor universitario.