Nadie discute que la coyuntura recesiva española es en parte atribuible a la crisis económica internacional. Pero la duración y profundidad (de la crisis) será muy distinta según los países. Aquellos que en los últimos años hayan aplicado reformas estructurales para mejorar su competitividad saldrán antes y con más fuerza de la crisis. Desgraciadamente, a menos que el gobierno abandone su pasividad, no parece que vaya a ser el caso de España.
Nuestro país está acumulando récords económicos negativos: la tasa de paro más alta de la UE y de la OCDE (17,3%), un ritmo de destrucción de empleo escalofriante (800.000 nuevos parados desde enero), la cifra más alta de parados de su historia (4 millones, y un millón de familias con todos sus miembros desocupados), descensos de la productividad cada año desde 1997, el último lugar de la OCDE en días necesarios para crear una empresa, un millón de viviendas sin vender y un INEM que únicamente coloca al 2% de los parados que encuentran empleo.
Después de contraerse un 2,8% en 2008, la Comisión Europea prevé una caída adicional del PIB español del 3% para 2009 y de un 0,2% para 2010. Asimismo pronostica que la tasa de paro podría alcanzar el 19%. Este sombrío panorama es consecuencia de la falta de aplicación de reformas estructurales desde que el PSOE llegó al gobierno en 2004 así como de la pésima gestión de la actual crisis.
El gobierno rechaza cualquier liberalización del mercado de trabajo que no sea del agrado de los sindicatos, como la muy razonable propuesta de la CEOE de crear un contrato de 2 años con menor coste de despido. También se opone a medidas de eficacia probada en otros países: colaboración del INEM con ETTs, racionalización de la jornada laboral (los españoles están a la cabeza de la UE en horas trabajadas pero a la cola en productividad) o la reducción del alto impuesto de sociedades o de las cotizaciones a la Seguridad Social. El presidente Zapatero y su equipo económico pretenden llegar al 2012 sin tomar ninguna medida impopular y pagando subvenciones de paro y ayudas sociales que endeudarán a generaciones futuras: nuestra deuda ya se ha elevado del 36% del PIB en 2006 al 39% en la actualidad y ascenderá al 47% en 2009 (Comisión Europea) y 60% en 2011 (S&P). Estamos ante una verdadera emergencia económica nacional que exigirá sacrificios, medidas impopulares y un cambio de modelo de crecimiento.
Antoni Bosch Carrera. Notario de Barcelona y profesor universitario.